¿ASCIENDE? ¿ O LA SACAN DEL CAMINO?

Justicia interna. A partir de febrero, para que pueda terminar con los juicios que tiene pendientes. En Lima, también promovieron a Jorge Barreto y Ángela Báscones a una Sala Superior. 

Inés Villa Bonilla, la juez superior que durante los últimos 10 años, al frente de la 1ª Sala Penal Anticorrupción, juzgó y condenó a los principales integrantes de la red de corruptos y asesinos de la mafia fujimontesinista, fue ascendida a una vocalía de la Corte Suprema. 

A partir de febrero, ella integrará la 1ª Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que tiene pendiente de resolver la apelación a las condenas impuestas a Alberto Fujimori, luego de que éste reconoció que fue un corrupto en su gobierno. 

Ese proceso de apelación se estancó durante todo el 2010 por las recusaciones de la defensa de Fujimori contra los jueces que revisarían sus condenas. El ascenso que César San Martín concedió a la doctora Villa Bonilla fue aplaudido y saludado con regocijo por sus colegas, fiscales y amigos. 

De otro lado, también fueron ascendidos los jueces anticorrupción Jorge Barreto Herrera y Ángela Báscones. Ellos ahora formarán parte de una de las Salas Superiores para casos con Reos Libres de Lima. 

En tanto, el tribunal que juzgará a los espías de BTR estará presidido por el juez superior Iván Sequeiros y entre sus integrantes tendrá a la juez Antonia Saquicuray. 

Sala Civil 

Callao. Otro juez superior que llega a la Suprema por iniciativa de César San Martín es el saliente presidente de la Corte del Callao, César Hinostroza Pariachi.

MANIOBRAS DEL PRESIDENTE DEL PODER JIUDICIAL, QUEDAN AL DESCUBIERTO

Inés Villa Bonilla: “Acá no hay rebeldía, yo me debo a la ley”

La presidenta de la Sala Penal Nacional asegura que, en cumplimiento de lo que establece la ley, el fuero que dirige seguirá viendo casos como el de Odebrecht

La jueza superior Inés Villa Bonilla asegura que la competencia de la Sala Penal Nacional, que ella dirige, está definida por la ley. (Jéssica Vicente / El Comercio)

Karem Barboza Quiroz04.01.2018 / 09:10 am

La jueza superior Inés Villa Bonilla es conocida en el Poder Judicial (PJ) por haber procesado los casos de corrupción más complejos relacionados a Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Desde hace cuatro años está al frente de la Sala Penal Nacional (SPN) y allí recibió a El Comercio para defender su fuero y expresar su malestar por las recientes decisiones adoptadas en el PJ.

— Se ha dicho que la discrepancia con el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, y con el Consejo Ejecutivo es porque quieren quedarse con los casos emblemáticos, como el de Odebrecht.
Nosotros no estamos inventando nada ni tampoco queremos quedarnos con los procesos; no. Ni la Ley 30077 [del Crimen Organizado] ni el [Decreto Legislativo] 1342 señalan que el Sistema Anticorrupción Nacional conocerá los delitos conexos a los delitos contra la administración pública. No lo dicen en ningún párrafo.

— Pero Duberlí Rodríguez sostiene que la competencia de los casos de corrupción, conexos y los de lavado de activos la ha definido tras el Decreto Legislativo 1307 y allí estaría su respaldo legal.
El Decreto Legislativo 1307, del 30 de diciembre del 2016, dispone que se cree el sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios y se implemente; no dice nada más. Lo otro solo lo disponen una resolución administrativa (051-2017) y un estatuto; y estas no están por encima de una ley. Si lo quiere cambiar, debe ser por otra ley.

— Hacia afuera se ve como un acto de rebeldía.
Acá no hay una rebeldía. ¿Yo me debo al Consejo Ejecutivo o a la ley? Nosotros solo buscamos que prevalezca la ley, porque el artículo 139 de la Constitución Política dice que ninguna autoridad puede abocarse, ni interferir en funciones jurisdiccionales, ni la observancia.

— En función de lo que usted me explica, ¿el presidente o el consejo están interfiriendo en estas causas?
Por supuesto, estarían interfiriendo porque ya está en trámite, ya están definidos jurisdiccionalmente. No es que a mí se me antoje, lo dice la Constitución.

— Algunos se preguntarían por qué se pelean por los casos como Odebrecht, Camargo Correa o Félix Moreno y simplemente no se los remiten para evitar estas discrepancias.
Sería irresponsable decir ‘que se los lleven pues’. Claro, cualquiera que no tiene conciencia o no respeta la ley o no hace su trabajo bien, podría decir ‘que se lleven los casos’, pero no es eso. Nosotros tenemos que ser respetuosos de la ley y defenderla. A nosotros nos asiste la ley.

— Entonces, ¿no remitirán los casos emblemáticos a los nuevos juzgados anticorrupción?
Nosotros vamos a respetar la ley y por eso los casos que ya están definidos jurisdiccionalmente, donde ya se definió la competencia acá en la sala, se quedarán en la Sala Penal Nacional.

— Habrá un pleno en la Corte Suprema para definir la competencia. ¿Esperan tener la razón?
Mi conducta y la conducta de los jueces es el respeto a la ley y a la Constitución; y ello debe prevalecer. Nosotros creemos que estamos actuando de acuerdo a ley.