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viernes, 20 de julio de 2018

CRISIS EN PODER JUDICIAL DE PERU

Dimite el jefe del Poder Judicial en plena crisis del sistema en Perú

La justicia del país se declara en estado de emergencia durante 90 días por un escándalo de tráfico de influencias. Miles de personas se manifiestan en Lima contra la corrupción

Jueces peruanos anuncian los 90 días de emergencia el pasado martes.
Jueces peruanos anuncian los 90 días de emergencia el pasado martes. AFP
El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, ha dimitido la mañana de este jueves después de que un grupo de jueces solicitaran su renuncia la noche del miércoles tras las continuas revelaciones de corrupción en el sistema judicial durante los últimos 12 días. Esta misma mañana presentaron también su dimisión otros tres miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM, la entidad que nombra, destituye y ratifica jueces y fiscales). De los siete consejeros, que conforman el órgano, cinco han renunciado, uno ha sido suspendido y solo uno no ha dimitido.
La justicia de Perú se había declarado este miércoles en estado de emergencia durante 90 días, tras nueve días en los que se han difundido audios de conversaciones entre magistrados, fiscales, miembros del CNM, empresarios y otros que traficaban con sentencias judiciales, influencias y sobornos. Durante este periodo habrá cambios administrativos en todo el sistema de justicia, según indica una resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que no ha detallado en qué consistirán las modificaciones. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, convocó al Congreso a una sesión extraordinaria mañana con un único punto de agenda: discutir la expulsión de los consejeros titulares y suplentes del CNM.
Sin embargo, la mayoría fujimorista en el Legislativo, constituida por Fuerza Popular, no comparte la propuesta de destituirlos a todos. El presidente del Congreso, Luis Galarreta, respondió que si ello no se decide mañana, podrían continuar el debate el lunes en una sesión que ya estaba programada. "No podemos tomar decisiones por miedo frente a una situación complicada", expresó el martes después de recibir la carta del jefe de Estado. La presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso, Úrsula Letona, de Fuerza Popular, también comentó sus reservas sobre la destitución de todos los consejeros. "A algunos no les gusta, pero hay lo que se llama responsabilidad individual", dijo este jueves en una entrevista radial.
Los magistrados de mayor jerarquía que protagonizan los audios son el juez de la Corte Suprema César Hinostroza y el defenestrado presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, que está detenido de forma preliminar desde el domingo. Hinostroza ha sido suspendido por el CNM mientras se desarrollan las investigaciones.
Un fallo de Hinostroza de 2017 cambió la jurisprudencia sobre lavado de activos y fue utilizado por el exsecretario de Fuerza Popular Joaquín Ramírez, que era investigado por ese delito debido a un desbalance patrimonial de siete millones de dólares. Además, la sala que hasta hace una semana presidía Hinostroza debía decidir la casación (pedido de revisión) de la excandidata presidencial y jefa de la oposición, Keiko Fujimori, para que la Fiscalía no la siga investigando por los supuestos aportes irregulares a su campaña, procedentes de una compañía offshore en las elecciones generales de 2016.
Uno de los audios evidencia que el congresista fujimorista Héctor Becerril pidió a Baltazar Morales, consejero del CNM, que votara por el candidato de Fuerza Popular para que se convirtiera en miembro de esa entidad. Morales se reafirmó en esa versión en una rueda de prensa este jueves. Además, la Oficina Nacional de Control de la Magistratura ha suspendido a cuatro jueces supernumerarios (designados sin pasar por concurso) de la Corte del Callao mientras son investigados. El hasta este jueves presidente del poder judicial, Duberlí Gutiérrez, aseguró que la justicia "está herida, pero no está herida de muerte". "Vamos a tratar de superar esta crisis", afirmó sobre la declaración de emergencia.
Movilizaciones
Miles de peruanos han participado este jueves en una Marcha Nacional contra la Corrupción en Lima y al menos diez capitales de regiones, en protesta contra la red de jueces, fiscales, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), empresarios y políticos que traficaban con sentencias judiciales.
En Lima, decenas de miles de ciudadanos caminaron durante más de tres horas por las principales avenidas del centro histórico, al final de una jornada de protestas que empezó por la mañana en Yurimaguas, Puno y Cusco, y otras ciudades como Abancay, Iquitos, Chiclayo, Huancayo, Huacho, Arequipa o Cajamarca.
En la protesta de Lima, marcharon delegaciones de colegios y asociaciones profesionales, universidades públicas y privadas, sindicatos de trabajadores de varios ramos, organizaciones civiles, activistas de derechos humanos, y dirigentes de asociaciones de vivienda, entre otras organizaciones. También participaron artistas, intelectuales y periodistas. Algunos portaban banderas de luto y una gran mayoría vestía la camiseta blanca y roja de la selección peruana de fútbol. Además hubo líderes y militantes de las agrupaciones políticas Partido Morado, Juntos por el Perú, Movimiento Nuevo Perú, Acción Popular y Frente Amplio. 
Por la tarde de este jueves, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, pidió una orden de arraigo contra uno de los miembros del CNM que fue suspendido de su cargo y otros dos que dimitieron. "Estamos aquí para combatir esta lacra enquistada en el CNM, el Poder Judicial y el Congreso con buenos sueldos. No es posible que esto ocurra cuando hay tantas pobreza en el país, sin acceso a agua y servicios", dijo a EL PAÍS Valentín Sánchez, presidente de la Confederación Nacional de Rondas Campesinas, Urbanas y Nativas, quien llegó a Lima desde Cajamarca con otros 38 dirigentes de esa organización social.
El martes, en Huamanga, la capital de Ayacucho, hubo una protesta en la Plaza de Armas contra la corrupción del CNM y del Congreso. Perú celebra las fiestas patrias en julio con desfiles escolares al estilo militar, pero varias escuelas públicas y privadas no participarán en esos actos cívicos "en señal de luto, para enseñar conciencia crítica" y solidarizarse con la prensa y los jueces y fiscales honestos, argumentan en las redes sociales. "No hay justicia en el Perú, la han secuestrado una banda de mafiosos y de corruptos, es una red de tráfico de influencias que ha cooptado el poder judicial, el Ministerio Público, el Congreso", dijo este jueves la excandidata presidencial Verónika Mendoza, del izquierdista Movimiento Nuevo Perú.

CAE EL JEFE DEL ENTE ELECTORAL

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) no solo nombra, ratifica y destituye a jueces y fiscales, también al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la institución que organiza las elecciones y cuya próxima cita son las municipales y regionales de octubre. El actual jefe de la ONPE, Adolfo Castillo, fue suspendido a raíz de uno de los audios filtrados que comprueba que el funcionario permitió la inscripción irregular del partido Podemos Perú, del excongresista José Luna. Castillo tenía como asesor a José Cavassa, exjefe de la ONPE en el 2000, que facilitó la falsificación de las firmas con las que el fujimorismo inscribió el partido Perú 2000. “Vemos un proceso de captura de la institución con fines subalternos como el favoritismo político”, señaló el politólogo Fernando Tuesta.

viernes, 19 de enero de 2018

¿ASCIENDE? ¿ O LA SACAN DEL CAMINO?

Resultado de imagen para INES VILLA BONILLA

Justicia interna. A partir de febrero, para que pueda terminar con los juicios que tiene pendientes. En Lima, también promovieron a Jorge Barreto y Ángela Báscones a una Sala Superior. 

Inés Villa Bonilla, la juez superior que durante los últimos 10 años, al frente de la 1ª Sala Penal Anticorrupción, juzgó y condenó a los principales integrantes de la red de corruptos y asesinos de la mafia fujimontesinista, fue ascendida a una vocalía de la Corte Suprema. 

A partir de febrero, ella integrará la 1ª Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que tiene pendiente de resolver la apelación a las condenas impuestas a Alberto Fujimori, luego de que éste reconoció que fue un corrupto en su gobierno. 

Ese proceso de apelación se estancó durante todo el 2010 por las recusaciones de la defensa de Fujimori contra los jueces que revisarían sus condenas. El ascenso que César San Martín concedió a la doctora Villa Bonilla fue aplaudido y saludado con regocijo por sus colegas, fiscales y amigos. 

De otro lado, también fueron ascendidos los jueces anticorrupción Jorge Barreto Herrera y Ángela Báscones. Ellos ahora formarán parte de una de las Salas Superiores para casos con Reos Libres de Lima. 

En tanto, el tribunal que juzgará a los espías de BTR estará presidido por el juez superior Iván Sequeiros y entre sus integrantes tendrá a la juez Antonia Saquicuray. 

Sala Civil 

Callao. Otro juez superior que llega a la Suprema por iniciativa de César San Martín es el saliente presidente de la Corte del Callao, César Hinostroza Pariachi.

EL CINISMO DE DUBERLI RODRIGUEZ

"No debilitamos la Sala Penal Nacional, la fortalecemos"

El presidente del Poder Judicial aseguró que el estatuto que procederá a nombrar a miembros titulares de la SPN es la mejor opción

Duberlí Rodríguez
El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, brindó un discurso como parte de la inauguración del Año Judicial 2018. (Twitter: Poder Judicial)
El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, aseguró que el nuevo estatuto que se ha aprobado para nombrar jueces titulares en la Sala Penal Nacional y para restringir su alcance en casos de corrupción de funcionarios no busca debilitar esta entidad, sino fortalecerla.
"No estamos disolviendo, no estamos anulando, no estamos suprimiendo la Sala Penal Nacional. Más bien la queremos fortalecer para que trabaje con eficiencia", aseguró Rodríguez durante su discurso en la inauguración del Año Judicial 2018.
El titular del Poder Judicial respondió así a los cuestionamientos por parte de miembros de la Sala Penal Nacional, entre ellos Richard Concepción Carhuancho, quien consideró que el nuevo estatuto es un "retiro de confianza" a su labor en casos de corrupción de funcionarios.
Duberlí Rodríguez destacó que el estatuto de la Sala Penal Nacional le brinda la categoría de Corte Superior de Justicia pero que, para que esto se cumpla, sus miembros deben ser "elegidos o designados por concurso".
"Se dice que estaríamos negando a jueces para que no sean titulares. Sí lo son, pero son titulares en otros distritos judiciales y no en la Sala Penal Nacional. Para ser titular en una plaza, el único mecanismo que existe es postular a esta plaza y superar un concurso que no lo hace el Poder Judicial sino un organismo constitucional autónomo que se llama CNM", aseguró.
También informó que en enero se firmará un contrato y se iniciarán las obras para que la Sala Penal Nacional tenga una nueva sede. "Este año, la SPN ya no funcionará en esa suerte de garaje en la Av. Uruguay, sino tendrá su local como una Corte Superior de Justicia", manifestó.

MANIOBRAS DEL PRESIDENTE DEL PODER JIUDICIAL, QUEDAN AL DESCUBIERTO

Inés Villa Bonilla: “Acá no hay rebeldía, yo me debo a la ley”

La presidenta de la Sala Penal Nacional asegura que, en cumplimiento de lo que establece la ley, el fuero que dirige seguirá viendo casos como el de Odebrecht

Inés Villa Bonilla
La jueza superior Inés Villa Bonilla asegura que la competencia de la Sala Penal Nacional, que ella dirige, está definida por la ley. (Jéssica Vicente / El Comercio)
La jueza superior Inés Villa Bonilla es conocida en el Poder Judicial (PJ) por haber procesado los casos de corrupción más complejos relacionados a Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Desde hace cuatro años está al frente de la Sala Penal Nacional (SPN) y allí recibió a El Comercio para defender su fuero y expresar su malestar por las recientes decisiones adoptadas en el PJ.
— Se ha dicho que la discrepancia con el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, y con el Consejo Ejecutivo es porque quieren quedarse con los casos emblemáticos, como el de Odebrecht.
Nosotros no estamos inventando nada ni tampoco queremos quedarnos con los procesos; no. Ni la Ley 30077 [del Crimen Organizado] ni el [Decreto Legislativo] 1342 señalan que el Sistema Anticorrupción Nacional conocerá los delitos conexos a los delitos contra la administración pública. No lo dicen en ningún párrafo.
— Pero Duberlí Rodríguez sostiene que la competencia de los casos de corrupción, conexos y los de lavado de activos la ha definido tras el Decreto Legislativo 1307 y allí estaría su respaldo legal.
El Decreto Legislativo 1307, del 30 de diciembre del 2016, dispone que se cree el sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios y se implemente; no dice nada más. Lo otro solo lo disponen una resolución administrativa (051-2017) y un estatuto; y estas no están por encima de una ley. Si lo quiere cambiar, debe ser por otra ley.
— Hacia afuera se ve como un acto de rebeldía.
Acá no hay una rebeldía. ¿Yo me debo al Consejo Ejecutivo o a la ley? Nosotros solo buscamos que prevalezca la ley, porque el artículo 139 de la Constitución Política dice que ninguna autoridad puede abocarse, ni interferir en funciones jurisdiccionales, ni la observancia.
— En función de lo que usted me explica, ¿el presidente o el consejo están interfiriendo en estas causas?
Por supuesto, estarían interfiriendo porque ya está en trámite, ya están definidos jurisdiccionalmente. No es que a mí se me antoje, lo dice la Constitución.
— Algunos se preguntarían por qué se pelean por los casos como Odebrecht, Camargo Correa o Félix Moreno y simplemente no se los remiten para evitar estas discrepancias.
Sería irresponsable decir ‘que se los lleven pues’. Claro, cualquiera que no tiene conciencia o no respeta la ley o no hace su trabajo bien, podría decir ‘que se lleven los casos’, pero no es eso. Nosotros tenemos que ser respetuosos de la ley y defenderla. A nosotros nos asiste la ley.
— Entonces, ¿no remitirán los casos emblemáticos a los nuevos juzgados anticorrupción?
Nosotros vamos a respetar la ley y por eso los casos que ya están definidos jurisdiccionalmente, donde ya se definió la competencia acá en la sala, se quedarán en la Sala Penal Nacional.
— Habrá un pleno en la Corte Suprema para definir la competencia. ¿Esperan tener la razón?
Mi conducta y la conducta de los jueces es el respeto a la ley y a la Constitución; y ello debe prevalecer. Nosotros creemos que estamos actuando de acuerdo a ley.